Si bien los judíos en España se reconocían como únicos competentes en las cuestiones pendientes entre ellos hasta 1412, sin embargo entre los diversos oficios del concejo de las ciudades o villas, figuraba el de alcalde de los judíos, que era el encargado de sustanciar los litigios entre el municipio y la aljama. Debía ser un cargo apetecible y bien remunerado, pues con frecuencia se concedía a personas que habían prestado señalados servicios a la ciudad. Por otra parte el alcalde debía escoger un fiador, que garantizaba que obraría conforme a justicia y cumpliría las obligaciones del cargo.